En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donde se reconoció el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres. La fecha fue elegida para recordar el feminicidio en el año 1960 de las hermanas Mirabal (Las mariposas) a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana.

Años más tarde, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, definiéndola como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”. En América Latina y el Caribe, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (1994), compartió una definición similar, entendiendo como tal, “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas, por medio de la Resolución Nº 54/134, resolvió que el 25 de noviembre sería la fecha estipulada como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No obstante, a la hora de medir y cuantificar la forma más extrema de violencia contra las mujeres: el feminicidio, existen al día de la fecha, diferencias. Un criterio para medirlo es el de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que toma en consideración “la cuantificación anual de homicidios de mujeres de 15 años de edad y más, asesinadas por razones de género, que se expresa en números absolutos y en tasas por cada 100.000 mujeres”. Por su parte, de acuerdo con el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, el feminicidio es “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por actos de acción u omisión”.

La República Argentina suma a estas definiciones, las acciones o conductas que afecten a su libertad y dignidad, así como a su seguridad personal. En tal sentido, según los Informes del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina elaborados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, en el año 2021 se contabilizaron en nuestro país, 231 víctimas directas de femicidio y 20 víctimas de femicidio vinculado, totalizando 251 víctimas letales de violencia de género. Se registró una víctima directa de femicidio cada 38 horas y una víctima de la violencia letal de género cada 35 horas (incluyendo también a las víctimas de femicidio vinculado). La provincia de San Luis informó que, al momento del cierre del relevamiento, 31 de diciembre de 2021, se registraron 3 causas judiciales en las cuales se investigaban los femicidios de 3 víctimas directas. De acuerdo a lo informado por el Observatorio Ahora que sí nos ven, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2022, se registraron a nivel nacional 104 femicidios, es decir, 1 femicidio cada 28 horas. A siete años del primer Ni Una Menos, se registraron en Argentina 1.995 femicidios.

En este contexto, la Universidad Nacional de los Comechingones, se suma al trabajo cotidiano y constante que se viene desarrollando desde el sistema universitario nacional en pos de la erradicación de las violencias sexistas.

La UNLC integra desde sus inicios la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, donde participa a través de su titular, Dra. María Clelia Guiñazú, y de su suplente, Mg. Mariana Laura Solans. En 2022 además, la Dra. Guiñazú fue designada como Coordinadora del CPRES Nuevo Cuyo. Asimismo, en concordancia con lo establecido por el Acuerdo Plenario Nº 1076/2019 del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la UNLC adhirió a través de la Resolución del Consejo Superior Nº 06/2019 a la Ley Nacional Nº 27.499 – Ley Micaela. En ese marco, se dio inicio a actividades de capacitación en la temática destinadas a autoridades integrantes del Consejo Superior, y entre 2019-2020 se realizaron capacitaciones destinadas a docentes y autoridades de la Universidad, así como a estudiantes de todas las carreras. En 2020 desde la SIIP, se elaboró y presentó la propuesta de creación del Programa de Género y Diversidad que tiene por objeto contribuir a la transversalización del enfoque de género y profundizar la institucionalización de las políticas específicas. El Programa, creado por Res. CS Nº 06-2020, integra ya el organigrama de la UNLC bajo la dependencia directa del Rectorado, y se espera constituirá una herramienta central en los avances en la temática.

En 2022 se llevó a cabo la Escuela Popular Comechingona de Formación en Género y Diversidad, seleccionada en el marco de la convocatoria del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, como parte del Programa de Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad Macachas y Remedios. La Escuela tuvo como objetivo visibilizar y desnaturalizar prejuicios, roles y estereotipos de género para contribuir a la prevención y erradicación de las discriminaciones y violencias por motivos de género en la región. Finalmente, dos de las propuestas metodológicas de la Escuela fueron seleccionadas para integrar un cuadernillo que será elaborado por el Ministerio para poner en valor distintos aspectos de las pedagogías populares feministas.

En este momento, desde el Programa de Género y Diversidad de la UNLC se está trabajando con la coordinación de la Lic./Prof. Fernanda Irigoyen, junto con un equipo ampliado con representación de los tres claustros, en el Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación y violencias por motivos de género en el ámbito de la Universidad Nacional de los Comechingones y en un Trayecto de Formación de Formadorxs con el propósito de conformar un equipo amplio de capacitadorxs con representación de los claustros que posibilite iniciar el próximo año con un Plan de Capacitaciones continua y situada en el marco de la Ley Micaela.

En tal sentido, se advierte que los logros alcanzados para abordar institucionalmente esta temática, requieren del compromiso de la comunidad, y constituyen como tal un objetivo imprescindible para el desarrollo sostenible, la igualdad y la paz. Como señalara la filósofa Judith Butler, la subsistencia del “yo” depende de la subsistencia de otras criaturas, humanas y no humanas, y de la preservación del mundo que las sostiene. En una fecha como la presente, se reitera una vez más este desafío.